Publicado por El Gobierno finalmente ha prorrogado la suspensión de desahucios, aprobando partes de su decreto ómnibus que entra en vigor hoy, 30 de enero. Tras semanas de desconcierto en cuanto a la aprobación de medidas sociales se refiere, finalmente Gobierno y oposición firman este Decreto que mantiene la suspensión de desahucio para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Aquí te contamos cómo te afecta como propietario e inversor.
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¿Desde cuándo están paralizados los desahucios?
La suspensión de los desahucios para familias vulnerables se ha prorrogado en varias ocasiones desde su implementación inicial durante la pandemia. El nuevo decreto extiende esta suspensión hasta el 31 de diciembre de 2025, permitiendo que los inquilinos en situación de vulnerabilidad económica soliciten la suspensión de su desahucio o lanzamiento. Para ello, deben acreditar su situación ante el juzgado, que evaluará el caso con la colaboración de los servicios sociales.
Se trata de una medida que permite a familias vulnerables disponer de una vivienda hasta que los servicios sociales pueden proveerles de otra solución habitacional.
¿Qué significa ser familia vulnerable?
Para ser reconocida como familia vulnerable a efectos de suspensión de desahucios, se deben cumplir dos tipos de requisitos:
Requisitos económicos:
Generalmente, se considera vulnerable a una familia si sus ingresos no superan ciertos umbrales que se actualizan periódicamente. Según normativas anteriores, los criterios económicos incluyen:
- Ingresos totales de la unidad familiar inferiores a tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), con ajustes según el número de miembros y circunstancias especiales.
- Incremento del límite si hay personas a cargo (menores, personas con discapacidad, dependientes).
- Situaciones de pérdida de ingresos, como despidos, reducción de jornada o gastos excesivos en vivienda (más del 30-40% de los ingresos).
2. Requisitos sociales
Además de la situación económica, también se considera la composición del hogar y su vulnerabilidad social, incluyendo:
- Familias monoparentales con hijos a cargo.
- Personas mayores, especialmente si son pensionistas con ingresos bajos.
- Víctimas de violencia de género o de trata de personas.
- Personas con discapacidad o dependencia.
- Hogares con menores o personas en riesgo de exclusión social.
Ayudas a propietarios e inversores
Los arrendadores afectados por la suspensión de desahucios pueden solicitar una compensación económica, siempre que acrediten que la suspensión les ha generado un perjuicio económico. El plazo para presentar estas solicitudes se extiende hasta el 31 de enero de 2026.
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¿Qué compensación puede recibir el propietario?
La cuantía de la ayuda puede ser:
- El importe medio que dejaría de percibir en concepto de alquiler durante el tiempo de suspensión del desahucio.
- O el perjuicio económico acreditado, que puede incluir gastos adicionales derivados de la falta de pago del inquilino.
El importe nunca podrá ser superior al valor medio del alquiler en la zona donde se ubique la vivienda, según índices oficiales de referencia.
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¿Qué requisitos deben cumplirse para solicitar la ayuda del arrendador?
Para optar a la compensación, el propietario debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser propietario o usufructuario de la vivienda arrendada.
- Estar afectado por la suspensión de desahucios derivada de la vulnerabilidad del inquilino.
- Acreditar perjuicio económico, demostrando que la suspensión ha supuesto una pérdida de ingresos.
- No ser gran tenedor, salvo en casos en los que la vivienda sea la única fuente de ingresos del propietario. Se considera “gran tenedor” a quien tenga más de 10 inmuebles urbanos (sin contar garajes y trasteros) o más de 1.500 m² construidos en propiedad o 5 inmuebles en zonas tensionadas.
¿Cómo presentar la solicitud de ayuda para el propietario de piso con desahucio paralizado?
Paso 1: Presentar la solicitud
El propietario debe presentar su solicitud ante el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) o la comunidad autónoma correspondiente, dentro del plazo establecido (habitualmente hasta el 31 de enero del año siguiente a la suspensión del desahucio).
Paso 2: Documentación necesaria
El arrendador debe aportar:
- Contrato de arrendamiento firmado con el inquilino.
- Resolución judicial que acuerde la suspensión del desahucio.
- Justificación del perjuicio económico, como declaración de IRPF que muestre la pérdida de ingresos.
- Recibos de alquiler impagados, si aplica.
- Certificación de índices de referencia del alquiler en la zona, si se solicita la compensación máxima permitida.
Paso 3: Evaluación y resolución
La administración estudiará la solicitud y, si se aprueba, abonará la compensación en un plazo máximo de tres meses desde la resolución favorable.
Conclusión
Si bien la compensación busca mitigar las pérdidas de los propietarios, no siempre cubre la totalidad del perjuicio económico. Además, el proceso administrativo puede ser largo, lo que genera incertidumbre entre los arrendadores.
Muchos propietarios han optado por contratar seguros de impago del alquiler o exigir garantías adicionales a los inquilinos para evitar este tipo de situaciones.
La compensación a los arrendadores es una medida que intenta equilibrar la protección a los inquilinos vulnerables con los derechos de los propietarios. Sin embargo, el éxito de la ayuda dependerá de la eficiencia en su gestión y del alcance real de la compensación frente a las pérdidas sufridas.
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